A pesar de que hay diferentes borradores para este nuevo proceso, como la primera nota de prensa publicada el pasado 28 de enero; y que se está esperando a la publicación oficial en el BOE para definir todos los detalles, aquí se encuentra toda la información que se sabe hasta el momento.
¿Qué es la regularización extraordinaria?
Se trata de un procedimiento excepcional que permitirá conceder autorizaciones de residencia con habilitación para trabajar a personas extranjeras que ya estaban en España antes de una fecha determinada. Esta medida forma parte del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, que refuerza un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración y convivencia.
La ministra Elma Saiz lo resume así: “Una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que existe en nuestras calles, en nuestras empresas y en nuestra sociedad.”
¿Quiénes pueden aplicar a este nuevo proceso?
Podrá solicitar la regularización todas las personas extranjeras que:
- Se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025
- Acrediten una permanencia continuada mínima de cinco meses en el momento de presentar la solicitud
- Carezcan de antecedentes penales y no supongan una amenaza para el órden público.
- Solicitantes de protección internacional cuya solicitud haya sido presentada antes del 31 de diciembre de 2025, incluso si está pendiente o denegada.
La medida se aplicará sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos. Asimismo, es importante destacar que estos son los requisitos confirmados hasta el momento, sin embargo son susceptibles de cambiar o de ampliarse en medida de la aprobación de dicha regularización.
Documentación necesaria
Respecto a la documentación necesaria, la nota de prensa no detalla un listado cerrado de documentos, pero sí especifica la permanencia y la presencia en España podrá acreditarse con:
- Cualquier documento público
- Cualquier documento privado
- Combinación de ambos.
Esto abre la puerta a pruebas como certificados médicos, envíos de dinero, contratos o facturas, empadronamiento, certificados escolares, documentación de ONG o entidades sociales, etc. No obstante, cabe destacar que el listado exacto se publicará una vez se haga definitivo el Real Decreto.
¿Qué tipo de permiso se concederá?
Las personas que cumplan los requisitos obtendrán:
- Autorización de residencia de un año, con posibilida de incorporarse a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.
- Permiso trabajar desde el primer día, en cualquier sector y en todo el territorio nacional.
La nota de prensa lo expresa así: “La propia autorización de residencia permitirá trabajar, desde el primer día, en cualquier sector y en cualquier parte de España”
Plazo del proceso
Por lo que se conoce hasta el momento, el inicio previsto de solicitudes será a principios de abril de 2026. Asimismo, la fecha límite para presentar dichas solicitudes será el 30 de junio de 2026. El plazo máximo de resolución serán 3 meses, tal y como hemos estado viendo en otros procesos de regularización similares de extranjería, sin embargo el alto volumen de solicitudes puede dilatar los plazos de resolución. La admisión a trámite de este proceso tendrá un máximo de 15 días, y desde este momento la persona solicitante podrá trabajar.
Regularización de menores
La medida incluye un enfoque familiar. Los hijos e hijas menores que se encuentren en España podran regularizar su situación de forma simultánea, obteniendo un permiso de 5 años. La ministra destaca “Sabemos que la integración no es individual, es familiar”.
¿A cuántas personas beneficiará?
Aunque la nota de prensa no menciona cifras exactas, el Gobierno reconoce que la medida responde a la situación de cientos de miles de personas que ya viven en España. La prensa y organizaciones sociales estiman que podría superar las 500.000 personas, pero esta cifra no aparece en el documento oficial y se estima que puedan ser muchas más.
La regularización extraordinaria supone un paso histórico en la política migratoria española, retomando una iniciativa ciudadana respaldada por más de 700.000 firmas. El Gobierno busca ofrecer seguridad jurídica, reducir la economía sumergida y facilitar la integración plena de quienes ya forman parte de la sociedad española.
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